La impunidad mengua los ríos dominicanos

El camión estaba casi lleno. Con un esfuerzo más, los llamados “hombres hormiga” o “paleros” terminarían de abastecer otro vehículo con la arena y grava que extraían de forma ilegal del degradado cauce del río Nigua, en San Cristóbal.

Por un momento se notaban inquietos. Desconocían quiénes iban en el interior de una camioneta que se estacionó en la ribera. Se apresuraron, colocaron una lona azul sobre la cama del camión cargada del material, y el chofer aceleró lentamente el vehículo para cruzar el río y marcharse.

Los hombres se dispersaron. Uno de ellos, de mediana edad, delgado, sudoroso y con la piel quemada por el sol, aseguró que la extracción que hizo minutos antes no es perjudicial para el río. La considera como una fuente de empleo que por más de 30 años le ha permitido mantener a seis hijos.

“Lo que yo sé que ha cambiado el medioambiente han sido esas minas que hay por ahí tumbando árboles y haciendo excavaciones grandísimas, pero llenar un viajecito (de arena) a mano por arriba (no)”, dijo.

Pero, la extracción ilegal de arena y otros materiales para la industria de la construcción sí ha destruido el canal natural de algunos ríos, erosionado y afectado el manto freático, inclusive en zonas donde hay tomas de agua para acueductos, como es el caso del río Nigua, indican informes académicos y especialistas. Esto ha provocado que cuando hay crecidas, las aguas inunden los barrios ubicados en las márgenes y sea menor la capacidad de retención del líquido en los cauces.

La falta de supervisión de las autoridades dominicanas, en especial del Ministerio de Medio Ambiente que ha concedido permisos para la extracción de arena y otros materiales próximos a los ríos, ha resultado en la degradación de cuencas hidrográficas que abastecen de agua potable a la capital dominicana y otras regiones con alta población.

Por su cercanía a la capital, en la provincia San Cristóbal se extraen agregados (como arena y grava) de forma irregular en los ríos Nigua, Nizao (que abastece a un complejo de embalses) y Yubazo, para suplir a la industria de la construcción.

También ocurre en ríos de otras provincias como La Vega, Espaillat, Monseñor Nouel y Puerto Plata. La práctica está prohibida y regulada según las leyes 123-71 y 64-00, y las resoluciones 16-2007, 016-2008 y 0015-2017 del Ministerio Medio Ambiente.

Por esas normativas, y las reiteradas denuncias, se ha controlado la instalación de granceras o minas para extraer arena y grava del lecho de los ríos. Sin embargo, se ha sustituido por actividad individual en camiones privados cuyos propietarios venden el material al sector construcción.

“Ha surgido una red poderosa que extrae agregados de nuestros ríos de forma mecanizada con apoyo de poderes estatales, de noche y de día”, asegura una fuente ligada al Ministerio de Medio Ambiente que pidió anonimato por temor a represalias.

fuente:diariolbre.com.do

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